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SANTO DOMINGO, 14 de agosto de 2007.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene identificada 502 canteras seca en todo el país para la extracción de material de agregados, de las cuales 256 están en operación. Las mismas se encuentran ubicadas en las provincias Peravia, San Cristóbal, Santiago, La Altagracia, Monseñor Nouel, La Vega y otras ciudades en puntos distantes de los predios de los ríos.

El secretario de Medio Ambiente, Max Puig; el sub secretario de Suelos y Agua, Ernesto Reyna, y el geólogo Osiris de León, informaron que estas cunas de extracción de agregados compiten en calidad y precios con las que operan en los ríos del país, lo cual garantiza el abastecimiento del mercado con precios cómodos.

“Se ha demostrado que los agregados de cantera seca cumplen con todas las normativas para la fabricación de hormigones hidráulicos y asfálticos, motivo por los cuales los productores de agregados deben respetar esta resolución y deplazarse de inmediato a canteras secas, tal y como los prometieron en 1971, 1986 y 2000, cuando se establecieron medidas similares a las actuales”, dijo De León.

Informó que la industria de la grancera mueve anualmente RD$2,500 millones, dinero que consideró suficiente para hacer campaña en la opinión pública y decirle al país que una vez cesaron las extracciones de agregados, se paraliza la industria de la construcción.

En ese sentido tanto él como Ernesto Reyna garantizaron que en el país hay agregados suficiente en las canteras seca que fueron localizadas como respuesta.

Reyna citó que la mayor demanda de material de agregados, después del Distrito Nacional y Santiago, es la provincia Altagracia, por lo que se identificaron áreas en esa ciudad que permiten a los contratistas adquirir el material a costos adecuados sin la necesidad de tener que trasladarse a San Cristóbal.

Proceso

Puig informó que la resolución 16-007 es parte de un proceso que se inició en agosto del 2004 cuando el 50% del material de construcción era sacado de los ríos y lugares cercanos a los acuíferos, pero en la actualidad han logrado que el 80% se extraiga de canteras secas.

Destacó que las extracciones de arena en los ríos del país se mantuvieron sobre la base de permisos provisionales que se renovaban y se hicieron permanentes, pero este es el tiempo de ponerle un “stop” a la situación para garantizar agua para las poblaciones.

“Nosotros pusimos un corte a la situación cuando la medida estaba lista. Osea, ya nosotros hemos logrado que el 80% de los materiales de construcción sean de cantera seca y estamos seguros de que no va a ver escasez en el mercado ni incrementos importantes en los costos”, aseguró.

Dijo que la resolución es una medida segura y con madurez, no precipitada como lo aseguró el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego de Moya.

“Es una medida en la que estábamos trabajando. Empezamos con ese propósito, pero sabíamos que no podíamos tomar una medida así dos años atrás. El país no estaba listo. Las medidas que hemos estado adoptando a lo largo de estos tres años han sido destinada a desincentivar la extracción de material a fuentes cercanas a los ríos y a incentivar la extracción de canteras seca”, agregó.

El funcionario explicó que se trata de un proceso paulatino en el que han logrado combinar todo tipo de medidas, incluso de coerción para obligas a los extractores a manejarse de acuerdo a las leyes de Medio Ambiente.

Como ejemplo citó que desde agosto del 2004 a la fecha han impuesto 1,843 multas por extracción de materiales de los cauces de los ríos, lo que significa 600 multas por años. Dijo que concomitantemente con estas acciones se estuvieron identificando las canteras secas y estableciendo acuerdos con los mismos sectores involucrados, o sea, las empresas de agregados y los transportistas.

Granceras

Ernesto Reyna informó que en el país operan 28 empresas granceras, de las cuales 11 se establecieron en el río Nizao y cinco mantienen sus operaciones.

Informó que actualmente ejecutan una serie de medidas para evitar que las granceras continúen las extracciones de los ríos en el periodo de tres meses que le dieron para que cesen sus operaciones y entre ellas citó el aumento en el costo de las multas.

Dijo que las empresas tienen la libertad de sacar el material que tienen en reservas, pero no pueden seguir operando sus equipos. Explicó que las multas irán desde los 14 mil y 19 mil pesos en adelante o entre cuatro y diez salarios mínimos.

“Hemos aumentado la vigilancia en las carreteras con puestos que se han instalado a cargo de un personas calificado que detiene los camiones que transportan material que no tienen los debidos permisos de Medio Ambiente”, agregó. Sostuvo que el primer punto que toman en cuenta es si la persona es reincidente en la violación a las leyes, y el lugar que extrae el material.

En visita realizada ayer a las granceras ubicadas en la cuenca baja del río Nizao, específicamente en las comunidades Semana Santa y otras de Yaguate y Luca Díaz, se pudo contactar el dinamismo que mantienen las empresas de agregados instaladas allí.

De la zona salen decenas de camiones cargados de material, mientras a pocos metros del río hay una serie de equipos instalados para la extracción y preparación de material asfáltico, grava, gravilla, arena y otros agregados. Representantes de estas empresas aseguraron que paralizaron las ooperaciones, empero están convencidos de que no han hecho daño al río porque no están dentro de su caudal.

Sin embargo sus operaciones han ocasionado graves daños en el cauce del Nizao a tal punto que ha perdido su caudal original y corre por cualquier lugar.

De acuerdo al síndico de Yaguate, José Oviedo, en Yaguate operan alrededor de nueve empresas de extracción que no están registradas, pero al igual que las grandes compañías, han contribuido a dañar la cuenca del río Nizao.

De su lado el geólogo De León destacó que fruto de la depredación llevada a cabo en los ríos Nigua, Yubazo, Nizao, Yuna, Yaque del Norte, entre otros, de no frenarse, dentro de 15 años no habrá agua en el país, y citó como ejemplo los ríos Yubazo, Nigua y la cuenca baja del Nizao, que ya son irrecuperables. Dijo que de llevarse a cabo esa medida, el país tendrá agua por más de 100 años.